AVANCE CAPITULO 3

La Agencia, la banda criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, tenía su principal base de operaciones en la isla de San Andrés. También tenía sucursales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Riohacha, Cali y La Guajira. En cada una de esas ciudades, los hombres y mujeres de esta organización delincuencial estaban dedicados las 24 horas del día, los 365 días del año, a la captación de nuevos clientes.

El flujo de migrantes ilegales que deseaban llegar a Centroamérica, luego a México y desde allí hacia Estados Unidos, se incrementó considerablemente al finalizar la pandemia del Covid-19 y eso hizo que La Agencia aumentara su cartera de servicios, sus unidades de producción y su portafolio de inversiones. Fue necesario contratar nuevos “empleados” y ampliar la cobertura hacia otras latitudes.

Los miembros de la banda criminal que traficaba con migrantes de todas partes del mundo no eran simples delincuentes: se consideraban los herederos bastardos de los antiguos piratas —especialmente del Capitán Morgan— pero sin códigos, sin gloria y sin mar. Si los antiguos corsarios navegaban con tormenta en las venas y el filo de sus espadas brillando bajo el sol de la conquista, estos piratas modernos se movían entre sombras, pantallas de celulares, cuentas en redes sociales y rutas clandestinas que serpenteaban bajo el azul caribeño como corrientes traicioneras.

Los traficantes de migrantes que operan en San Andrés son piratas modernos que ya no llevan garfios ni parches, pero sus rostros están marcados por la misma hambre: la de saquear vidas ajenas para engordar sus propias arcas. Su insignia no es una calavera pintada sobre una bandera negra. Su insignia es el dólar estadounidense. Se visten con ropa deportiva de marca falsa, ocultan sus tatuajes bajo mangas largas y conducen lanchas rápidas como galeones de plástico. Usan radios y teléfonos móviles en lugar de brújulas, y su botín ya no son cofres de oro, sino cuerpos humanos: madres, niños, hombres que huyen de sus países de origen con el alma hecha jirones y acaban siendo mercancía.

Donde los piratas antiguos cantaban himnos entre ron y pólvora, estos piratas modernos solo conocen el silencio de las promesas rotas. Y, sin embargo, como los viejos bucaneros, también temen a la leyenda y al fantasma de Morgan: se susurran entre ellos que las almas de los migrantes desaparecidos flotan en la bruma de la madrugada, reclamando justicia, buscando al nuevo capitán que los libere. Porque, aunque el tiempo cambie los barcos y los mapas, el mal que navega entre islas sigue teniendo el mismo olor: sal, sangre y traición.

La Agencia comenzó sus operaciones captando a migrantes irregulares en las ciudades de Maicao (Guajira), Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia) y Bogotá (Cundinamarca) para ser trasladados a San Andrés. La captación de migrantes que deseaban llegar al archipiélago para posteriormente viajar a Nicaragua se hizo inicialmente a través de las redes sociales,  donde se abrieron cuentas de supuestas “agencias de viaje” —no tenían registros de comercio, ni permisos, ni oficinas físicas— que ofrecían “paquetes turísticos” para todas aquellas personas que deseaban conquistar el denominado “sueño americano” sin necesidad de atravesar la peligrosa y a veces mortal Selva del Darién que une a Colombia y Panamá.

Los empleados de la organización —llamados promotores— ofrecían traslados y alojamiento en hostales, hoteles y posadas muy específicas para después embarcar a los migrantes en lanchas que partían casi siempre en horas de la noche hacia Corn Island en territorio nicaragüense. Había varias rutas para escoger: A) San Andrés-Bluefields-Nicaragua. B) San Andrés-Corn Island-Nicaragua. C)San Andrés-Cayo Alburquerque o Cayo Pescador-Nicaragua. Había hasta una ruta que salía de La Guajira colombiana y hubo quien intentó promover sin éxito una ruta directa desde el Lago de Maracaibo, en Venezuela, hasta Nicaragua. Los promotores ofrecían la denominada ruta VIP, que partía desde San Andrés hasta Tamaulipas en México por un costo que podía variar entre 3.500 y hasta 5.000 dólares americanos.

Los “agentes de viaje” decían a sus potenciales clientes que estaban en capacidad para transportar a los migrantes por vía terrestre por toda Centroamérica hasta México, país donde los esperaba un coyote conocido como alias Mario, un oficial de Migración México, que tenía todo fríamente calculado para que los viajeros pudieran entrar —con documentos o sin ellos— y atravesar todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.  Otro coyote mexicano identificado como alias Emilio, se encargaba de recibir a los migrantes en Tapachula, una ciudad al sureste del estado de Chiapas, cerca del río Coatán, ubicada a 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, para liuego moverlos desde allí hasta la frontera con el territorio estadounidense.

La organización criminal transnacional contaba con una extensa red de coyotes, ubicados en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, lo cual les permitía enviar a los migrantes hasta la frontera con Estados Unidos para que posteriormente ingresaran ilegalmente a ese país. Los coyotes explicaban a los migrantes que la ruta “más fácil” para quienes deseaban ingresar a la unión americana era llegar a Tamaulipas, al lado del Río bravo, frente a Laredo, Texas.

La Agencia también ofrecía una ruta más económica a los migrantes venezolanos que no tuvieran suficiente dinero y que querían irse caminando por la peligrosa y mortal Selva del Darién. El viaje comenzaba en Cúcuta, luego Bucaramanga- Montería- Necoclí. El recorrido continuaba por Capurganá, luego Acandí, Selva del Darién, Panamá, Centroamérica y de allí a México. En Tapachula los esperaban con todos los requerimientos necesarios para ayudarlos a transitar el territorio mexicano hasta que lograran llegar la frontera con Estados Unidos. Por este servicio terrestre cobraban a cada migrante irregular la suma de 500 dólares.

La crisis política, social y económica que sacudió a Venezuela a partir de 2013, con la llegada al poder de Nicolás Maduro Moros, provocó una explosión y una ola migratoria muy pocas veces vista en América Latina. Centenares de miles de venezolanos huyeron de su país, buscando nuevos horizontes. Las cifras manejadas por la ONU y la OIM señalaban que entre 2013 y 2023, unos 7.5 millones de personas salieron del territorio venezolano. Un 70% utilizó el territorio colombiano como punto de tránsito para dirigirse a otros destinos. Se estima que el 60% utilizó la peligrosa Selva del Darién. Un 10% usó la ruta marítima entre San Andrés y la Isla del Maíz. Los traficantes tuvieron de esa manera un caudal inmenso de migrantes venezolanos dispuestos a pagar para que los llevaran hacia Nicaragua y desde allí hasta México.

Pero después de la pandemia del Covid-19 la crisis migratoria ya no solamente fue en Venezuela. Las estadísticas manejadas por Migración Colombia sostienen que a partir de 2021 y hasta finales de 2024, hubo un aumento considerable de migrantes africanos y asiáticos que empezaron a llegar a territorio colombiano disfrazados como turistas y que entraban a San Andrés no precisamente para disfrutar del mar de los siete colores, sino para intentar dar el salto hacia Nicaragua, luego a México y después a Estados Unidos.

En el año 2024, por ejemplo, la OCCRE, la oficina a cargo de recibir a los extranjeros que llegan al Archipiélago de San Andrés, entregó permisos de entrada —tarjetas de turismo— a casi un millón de personas que llegaron en vuelos comerciales desde diferentes ciudades de Colombia. La sorpresa de los funcionarios de la OCCRE fue mayúscula cuando se dieron cuenta que del millón de turistas que ingresaron a San Andrés ese año, hubo cerca de 150.000 personas que nunca salieron de la isla, es decir, jamás tomaron el vuelo de regreso, lo que significa que muy probablemente se fueron en lanchas hacia Nicaragua, buscando llegar luego a Estados Unidos, donde los esperaba el sueño americano.

La Agencia se dio cuenta del volumen de migrantes que estaba llegando a San Andrés y vio una oportunidad de negocio. De inmediato se dieron a la tarea de contratar los servicios de todo tipo de personas que ayudarán a cumplir con las metas que se habían propuesto. Una de las primeras acciones que pusieron en marcha fue la de corromper a miembros activos de La Armada Nacional de Colombia, funcionarios de Migración Colombia y hasta empleados de la Gobernación del Archipiélago quienes, a cambio de un soborno o coima, omitían sus funciones relacionadas con el control y vigilancia y permitían la salida de lanchas artesanales —embarcaciones hechas para la pesca y no para el transporte de pasajeros— abarrotadas con migrantes ilegales de diferentes nacionalidades.

La red era tan poderosa, que incluso tenía la capacidad para ofrecer documentos de identidad de Colombia —cédula de ciudadanía y Permisos de Permanencia Temporal— a aquellos migrantes que quisieran hacer el recorrido hasta México pero que no tuvieran documentos válidos para abordar aviones en territorio colombiano. Una investigación ejecutada por la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia logró determinar que la red pagaba por la obtención de cédulas de ciudadanía y permisos temporales de permanencia que eran entregados a los migrantes para que pudieran viajar sin problemas haciéndose pasar como ciudadanos colombianos.